Lagarde insiste en cerrar el reglamento del euro digital antes de que acabe el año: sin esa norma el BCE no puede emitir el dinero que prepara desde 2023

Lagarde urge aprobar el reglamento del euro digital en 2026

Lagarde urge aprobar el reglamento del euro digital en 2026

Christine Lagarde volvió a poner el euro digital sobre la mesa en las reuniones del Fondo Monetario Internacional. La presidenta del Banco Central Europeo defendió el proyecto como un equivalente digital del efectivo para los pagos del día a día y dijo que aprobar el reglamento que lo crea antes de que termine 2026 es «clave» para que llegue a existir. El mensaje no es nuevo: Lagarde lo repite desde que la Comisión Europea presentó la propuesta legislativa en junio de 2023. Lo que ha cambiado es el margen. El BCE lleva tres años contratando proveedores, fijando reglas de esquema y probando piezas de la infraestructura, y no puede emitir ni un euro digital mientras el Parlamento Europeo y el Consejo no cierren la norma. Esta vez Lagarde ató el proyecto a un argumento de soberanía: que Europa pueda cobrar y pagar dentro de sus fronteras sin depender de esquemas de pago que no controla.

Sin reglamento no hay emisión

La Comisión presentó en junio de 2023 un paquete con dos piezas: el reglamento que crea el euro digital y otro que blinda el curso legal del efectivo en papel y moneda. Desde entonces el expediente sigue el procedimiento legislativo ordinario, el que exige acuerdo entre los colegisladores. Tres años después no lo hay. En el Consejo, los ministros de Economía han dedicado reunión tras reunión al límite de tenencia, la cantidad máxima de euros digitales que podría guardar una persona; en el Parlamento, el debate ha ido más despacio y una parte de los eurodiputados quiere condicionar la emisión minorista o aplazarla.

Detrás de esa lentitud está la banca comercial, que teme ver cómo los depósitos se mueven a una cuenta cuyo pasivo es del banco central. El BCE responde con el límite de tenencia, que todavía no tiene cifra y que se fijará cuando exista la norma.

Qué se ha decidido del diseño y qué no

El euro digital que describe el BCE no es una cuenta en Fráncfort. Lo distribuirían los bancos y otros proveedores de pago, el uso básico sería gratuito para el usuario y los comercios tendrían que aceptarlo, con excepciones, por tener curso legal. La pieza que más se ha repetido en las presentaciones del proyecto es la función sin conexión: pagos cara a cara entre dos dispositivos, con los datos liquidándose solo entre ellos, al modo en que funciona un billete. El banco central sostiene que no podría ver quién paga a quién.

Nada de eso es definitivo. El reglamento puede tocar el límite de tenencia, la remuneración —el BCE ha dicho que no habría intereses—, el reparto de comisiones entre bancos y comercios y hasta el alcance del curso legal. Por eso Lagarde insiste en la fecha: sin texto aprobado, el diseño se queda en documento técnico.

La autonomía de pagos que invoca Lagarde

El argumento de autonomía tiene dos frentes concretos. El primero son las tarjetas: en buena parte de la zona euro no queda un esquema doméstico y cada compra con tarjeta se liquida por redes estadounidenses. En España la situación es menos extrema, porque quedan infraestructuras locales y porque Bizum se ha comido los pagos entre particulares, pero el plástico de la cartera sigue llevando el logotipo de Visa o Mastercard. El segundo frente son las stablecoins referenciadas al dólar, que mueven la mayor parte del dinero tokenizado del mundo. Lagarde y otros miembros del Consejo de Gobierno llevan meses avisando de que una moneda digital privada y en dólares usada para pagar en Europa es un problema monetario, no una curiosidad del sector cripto.

Para esas monedas la Unión ya tiene ley: MiCA regula desde 2024 a los emisores de fichas de dinero electrónico, exige respaldo y reservas y limita su uso masivo como medio de pago cuando no están denominadas en euros. El euro digital es la otra mitad de la respuesta, la pública.

Dinero del banco central, no criptomoneda

Conviene no confundir los dos planos. Un euro digital sería un pasivo del BCE, como un billete: se convierte uno a uno desde la cuenta corriente, no cotiza, no se compra en un exchange y no tiene riesgo de precio. Una criptomoneda es lo contrario en casi todo, y en España también a efectos fiscales: pagar un café con bitcoin es una alteración patrimonial que hay que declarar, como explicamos en la guía de fiscalidad de las criptomonedas en España, mientras que pagar con euro digital no generaría ganancia ni pérdida.

El Banco de España entra en esto como banco central nacional del Eurosistema: su gobernador vota en el Consejo de Gobierno que aprueba cada fase y sería la ventanilla local del proyecto si la norma sale. La cartera de identidad digital europea avanza por otra vía, con su propio reglamento, y de momento nadie ha decidido que el euro digital tenga que vivir dentro de ella.

El calendario que maneja el propio BCE prevé una fase de pruebas con usuarios reales en 2027 y una primera emisión que no llegaría antes de 2029. Las dos fechas cuelgan de lo mismo: que el reglamento salga del Parlamento y del Consejo. Si 2026 se acaba sin texto, lo que se mueve no es el diseño, es el año.

Fuentes

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Tags / Categorías : Tecnología

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